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Los Ojos Apagados de Rufo

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El artículo 53 de la Carta Magna que garantiza el derecho a protestar pacíficamente y sin permiso previo ha sido letra muerte durante la gestión del narco dictador Nicolás Maduro y,

Los Ojos apagados de Rufo por Rodulfo Gonzalez
Los Ojos apagados de Rufo por Rodulfo Gonzalez

por lo tanto, sus cuerpos oficiales de represión, que no de seguridad, como lo establece la ley, y los círculos del terror, han dejado una estela de muerte y lesiones graves en los ojos, el rostro espalda, manos, piernas, pecho, etc. durante las manifestaciones cívicas que en apego a la Constitución de la República ha desarrollado la ciudadanía para protestar por la falta de libertad, la debilitada calidad de vida, la escasez de alimentos y medicina y los ineficaces servicios públicos. La barbarie represiva, la impunidad, el despido laboral, carencia de gas y agua, etc.

Pero una cosa es lo que estable la Constitución en materia de manifestaciones y otra totalmente distinta, que niega ese de derecho, es la actuación de los órganos represivos de la narco dictadura, incluidos los siniestros colectivos, al satanizarlas y penetrarlas para provocar la violencia y actuar en consecuencia, con saldos generalmente trágicos que la Defensoría del Pueblo, menos todavía la ilegítima Fiscalía General de la República, investigan a los fines de aplicar las sanciones correspondientes.

En la tarde del trágico 1 de julio de 2019 el adolescente Rufo Chacón Parada, en compañía de su madre, un hermano y vecinos de la localidad de Táriba, Estado Táchira, manifestaba pacíficamente para que el régimen le suministrara el gas que se requería para cocinar los alimentos, con las únicas armas de su voz y la bombona vacía, que los funcionarios de la Policía del Estado Táchira consideraron letales y por lo tanto procedieron a agredirlo a quemarropa sobre su rostro con 52 disparos de perdigones privándolo de la visión.

El Internet se encargó de denunciar ante el mundo la terrible agresión policial contra un adolescente de 16 años, que ya había culminado sus estudios secundarios y se preparaba para obtener el respectivo título de bachiller para cursar la carrera de ingeniería de sistemas.

Las redes sociales se ocuparon igualmente de promover la búsqueda de solidaridad para Rufo y de que el caso no quedara impune como muchos otros cometidos por funcionarios de la narco dictadura con la complicidad criminal de la ilegítima Fiscalía General de la República, uno de los brazos legales del régimen para invisibilizar las tropelías oficiales contra los derechos humanos en todas sus modalidades.

Los autores materiales de la agresión fueron identificados como Javier Blanco y Henry Ramírez quienes también son señalados de golpear a otra adolescente de catorce años que también participaba en la manifestación.

Adriana Parada, la madre de Chacón, denunció que el 12 de julio, cuando asistió a los tribunales para llevar a cabo la prueba anticipada necesaria para la investigación, conoció que los funcionarios detenidos ya no se encontraban bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sino que se encontraban a cargo de Politáchira, el cuerpo al que pertenecían, gozando de protección y trasladados de manera ilegal sin orden del tribunal.

Como autores intelectuales de esta salvaje agresión hemos identificado al narcodictador Nicolás Maduro, el narcogeneral Néstor Reverol, ministro del Interior, Justicia y Paz, ambos funcionarios solicitados internacionalmente por la justicia norteamericana desde el 26 de marzo de 2020.

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Los Ojos apagados de Rufo por Rodulfo Gonzalez
Los Ojos apagados de Rufo por Rodulfo Gonzalez

El artículo 53 de la Carta Magna que garantiza el derecho a protestar pacíficamente y sin permiso previo ha sido letra muerte durante la gestión del narco dictador Nicolás Maduro y, por lo tanto, sus cuerpos oficiales de represión, que no de seguridad, como lo establece la ley, y los círculos del terror, han dejado una estela de muerte y lesiones graves en los ojos, el rostro espalda, manos, piernas, pecho, etc. durante las manifestaciones cívicas que en apego a la Constitución de la República ha desarrollado la ciudadanía para protestar por la falta de libertad, la debilitada calidad de vida, la escasez de alimentos y medicina y los ineficaces servicios públicos. La barbarie represiva, la impunidad, el despido laboral, carencia de gas y agua, etc.

Pero una cosa es lo que estable la Constitución en materia de manifestaciones y otra totalmente distinta, que niega ese de derecho, es la actuación de los órganos represivos de la narco dictadura, incluidos los siniestros colectivos, al satanizarlas y penetrarlas para provocar la violencia y actuar en consecuencia, con saldos generalmente trágicos que la Defensoría del Pueblo, menos todavía la ilegítima Fiscalía General de la República, investigan a los fines de aplicar las sanciones correspondientes.

En la tarde del trágico 1 de julio de 2019 el adolescente Rufo Chacón Parada, en compañía de su madre, un hermano y vecinos de la localidad de Táriba, Estado Táchira, manifestaba pacíficamente para que el régimen le suministrara el gas que se requería para cocinar los alimentos, con las únicas armas de su voz y la bombona vacía, que los funcionarios de la Policía del Estado Táchira consideraron letales y por lo tanto procedieron a agredirlo a quemarropa sobre su rostro con 52 disparos de perdigones privándolo de la visión.

El Internet se encargó de denunciar ante el mundo la terrible agresión policial contra un adolescente de 16 años, que ya había culminado sus estudios secundarios y se preparaba para obtener el respectivo título de bachiller para cursar la carrera de ingeniería de sistemas.

Las redes sociales se ocuparon igualmente de promover la búsqueda de solidaridad para Rufo y de que el caso no quedara impune como muchos otros cometidos por funcionarios de la narco dictadura con la complicidad criminal de la ilegítima Fiscalía General de la República, uno de los brazos legales del régimen para invisibilizar las tropelías oficiales contra los derechos humanos en todas sus modalidades.

Los autores materiales de la agresión fueron identificados como Javier Blanco y Henry Ramírez quienes también son señalados de golpear a otra adolescente de catorce años que también participaba en la manifestación.

Adriana Parada, la madre de Chacón, denunció que el 12 de julio, cuando asistió a los tribunales para llevar a cabo la prueba anticipada necesaria para la investigación, conoció que los funcionarios detenidos ya no se encontraban bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sino que se encontraban a cargo de Politáchira, el cuerpo al que pertenecían, gozando de protección y trasladados de manera ilegal sin orden del tribunal.

Como autores intelectuales de esta salvaje agresión hemos identificado al narcodictador Nicolás Maduro, el narcogeneral Néstor Reverol, ministro del Interior, Justicia y Paz, ambos funcionarios solicitados internacionalmente por la justicia norteamericana desde el 26 de marzo de 2020.