Dos años del 16J: Una deuda que Guaidó tiene sobre sus hombros

El politólogo Fernando Spiritto señaló que con Juan Guaidó como cabeza del liderazgo opositor se ha dado un segundo aire a la consulta popular del 16 de julio y las expectativas sobre un cambio político se mantiene alto . El reto para el presidente del Poder Legislativo es mantener la motivación de los venezolanos

EL PITAZO

Foto Francisco Touceiro
Caracas. Cuando la oposición ganó la mayoría de las curules el 6 de diciembre de 2015, el gobierno se propuso desaparecer el control que ejercería la Asamblea Nacional. Era la segunda vez que el liderazgo opositor obtenía una victoria electoral en los 15 años que llevaba el chavismo en el poder y su norte era el cambio de gobierno.
Con el desacato del Tribunal Supremo de Justicia impuesto el 11 de enero de 2016, con el cual intentaban aminorar el trabajo legislativo, y la decisión arbitraria de impedir un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro en octubre de ese mismo año, la vía política para la resolución de la crisis política lucía cerrada. En marzo de 2017, el Poder Judicial asumió las competencias del Poder Legislativo sin tener competencia para ello y la oposición llamó a la calle en forma de protesta a lo que se consideraba como un golpe al parlamento. Al menos 120 fallecidos, cientos de heridos y la desmovilización de la ciudadanía fue el resultado de cuatro meses de manifestaciones.
El 1° de Mayo de 2017, mientras se registraban protestas en todo el país, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, sin promover una consulta al país que indicara si se estaba de acuerdo o no con su planteamiento. Maduro justificó en ese momento que la oposición no aceptaba sentarse en una mesa de diálogo y al gobierno no le quedaba otra opción que “derrotarlos con las leyes, con la Constitución, con la unión cívico militar”.
En respuesta, la AN convocó a una consulta popular, basada en el artículo 70 de la Constitución que establece que este mecanismo es un medio de participación y su resultado es vinculante. En tres preguntas, el liderazgo opositor consultó a la ciudadanía el 16 de julio si rechazaba y desconocía una Constituyente sin aprobación previa, si demandaba a la Fuerza Armada Nacional obedecer la Constitución y si aprobaba la renovación de los poderes públicos, la posterior celebración de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional. Más de siete millones de venezolanos respondieron afirmativamente, pero el resultado no fue vinculante.
Aunque contaban con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas y la observación de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea), Maduro y sus instituciones desconocieron esta voluntad. En la noche de ese domingo, la oposición no ofrecía los próximos pasos y dos días después, la Asamblea Nacional aprobó adoptar las “medidas constitucionales necesarias para el restablecimiento de la Constitución (…) Se procederá a la renovación de los Poderes Públicos y a crear las condiciones para las elecciones libres”.

Muy mal vendido

El politólogo y profesor universitario Fernando Spiritto destacó que la oposición “vendió muy mal lo alcanzado”, lo que generó una gran desmotivación en la sociedad civil hasta enero de 2019, cuando llegó Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, a proponer una ruta similar a la del 2017, trasdeclarar la usurpación de Maduro en el cargo de presidente de Venezuela.
Considera que en 2017 la oposición supo que no podía sola para generar el cambio político, a pesar de haber logrado una gran gesta ciudadana. Se requería del apoyo internacional, de la FAN y de la movilización de la ciudadanía descontenta por la crisis económica. Todos al unísono.
Ahora, que la situación económica se ha profundizado y Guaidó, como presidente encargado de la República, cuenta con el respaldo de más de 50 países, Spiritto señala que se ha dado un segundo aire a la consulta, es decir, las expectativas se mantienen altas. El reto para Guaidó, quien lleva sobre sus hombros la deuda de lograr unas elecciones libres, es mantener la motivación de los venezolanos.
Este martes, la fracción parlamentaria 16 de Julio, creada en noviembre del 2017, admitió que aún deben cumplir con el compromiso que adquirieron hace dos años. “Llegó el momento de decisiones. Basta de análisis y diagnósticos. No podemos seguir con la vieja prédica de que todas las opciones están sobre la mesa. Solo queda la opción de integrar una coalición internacional que ponga fin a la dictadura”, afirmó el diputado Biagio Pilieri desde el Palacio Federal Legislativo.
Recordó que solo pudieron designar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que se vieron forzados al exilio desde el mismo momento de su nombramiento, el 21 de julio de 2017. Todavía falta renovar el Poder Electoral, designar a un nuevo Contralor de la República y a un Defensor del Pueblo. “Ratificamos la ruta del 16 de Julio. No queremos un cambio en lo que se ha planteado”, aclaró el parlamentario.

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Las alcabalas están reguladas en Venezuela y el ciudadano debe saberlo

El Código Procesal Penal detalla que el funcionario podrá revisar a un ciudadano cuando presuma que tiene en su poder algo ilícito. Este es uno de los instrumentos que regulan los puntos de control en Venezuela

EL PITAZO

El caso está siendo trabajado por la División de Homicidios del Cicpc, sin embargo, las autoridades no han querido aportar detalles del crimen ocurrido a escasos metros de una alcabala de la Policía Nacional | Foto: Referencial
Caracas.- “Su cartera por favor. Ahí está la moneda extranjera. Saque todos los billetes hágame el favor. Déjelos allí. Señora, señorita el dinero”, así le dijo un funcionario policial a una mujer y su hija cuando llegaban de viaje para dejarlas salir del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Este hecho es un ejemplo de la actuación que, según ciudadanos en redes sociales, practican policías en sectores de la Gran Caracas y del interior del país.
Usuarios de la red social Twitter han insistido en las últimas semanas sobre el “matraqueo” del que han sido víctimas. Detallan que hasta que no dan moneda extranjera los policías no los dejan seguir su camino. Lo que no saben es que esto es un delito, pues en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal se establece cómo el funcionario debe hacer una inspección personal.
La normativa señala que uniformados solo puede revisar a un hombre o mujer cuando presuma que el ciudadano tiene en su poder algo ilícito. “La policía podrá inspeccionar a una persona, siempre que haya motivo suficiente para presumir que oculta entre sus ropas o pertenencias o adheridos a su cuerpo objetos relacionados con un hecho punible”, puntualiza el enunciado.
Las alcabalas están reguladas y muchos ciudadanos no lo saben, explica el experto en seguridad ciudadana Luis Izquiel. El 22 de mayo de 2006, cuando Pedro Carreño encabezaba la cartera del Ministerio de Interior y Justicia, se especificó en la Gaceta Oficial Nº 38.441 que la instalación de alcabalas o puntos de control debía ser notificada al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia o al Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, con al menos 24 horas de anticipación, con expresa identificación del lugar, día, hora y objetivo general del operativo.
El artículo 6 de la normativa refiere que “los agentes o funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana deberán estar uniformados, con sus cascos numerados, sus respectivas insignias, numeración y credenciales, empleando chalecos iridiscentes, que permitan su individualización y deberán contar con los medios y equipos de comunicación necesarios para su misión”.
Por su parte, el artículo 7 también sirve de herramienta al ciudadano para que tenga conocimiento de cómo actuar ante una posible detención en una alcabala. El apartado explica que la persona podrá estar acompañada de un fiscal del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de cualquier otro órgano del Poder Público o un representante de la comunidad que se estime necesario, quienes velarán por la legalidad del requerimiento de identificación.
Luis Izquiel detalla que esta regulación nació debido a la proliferación de alcabalas falsas o mal montadas. Pone como ejemplo el secuestro de los hermanos Faddoul, en 2006, cuando funcionarios de la Policía Metropolitana, junto con otros delincuentes, colocaron una alcabala policial improvisada, para llevarse secuestradas a las víctimas. También la masacre de Kennedy, donde resultaron muertos tres estudiantes universitarios y tres heridos, pues efectivos del Cicpc montaron un punto de control con el fin de capturar a unos hombres, pero se confundieron y les dispararon a quienes no debían. Según Izquiel, a raíz de estos eventos nació la posibilidad de regular las alcabalas.
El especialista en seguridad pone énfasis en explicar que las alcabalas son menos efectivas que el patrullaje. “No es lo mismo unos policías estáticos que unos funcionarios moviéndose en labores de vigilancia”. De acuerdo con él, las alcabalas pueden ser una herramienta para prevenir y combatir el delito, pero no tienen mayor resultado. Sin embargo, detalla que en Venezuela siguen teniendo prioridad y la corrupción tiene que ver en el tema.

Consejos para no ser extorsionado

El Manual contra la corrupción policial de Transparencia Venezuela indica que el solicitar dinero, privación ilegítima de libertad y retención de documentos de identidad son los delitos más frecuentes que cometen funcionarios policiales y militares cuando forman alcabalas en calles y autopistas.. A continuación se detalla una serie consejos para que evite formar parte del grupo de extorsionados.
  • El primer recordatorio que dan los especialistas en el tema de seguridad ciudadana es que si usted es detenido en una alcabala policial y no cometió ningún delito, no debe aceptar ser extorsionado a cambio de seguir su ruta.
  • Los artículos 72 y 73 de la Ley de Tránsito Terrestre indican que en las obligaciones del conductor se incluyen: poseer la licencia y el certificado médico vigente, seguro de responsabilidad civil, y certificado psicológico, si fuere el caso; también manejar en buen estado de salud física y mental; usar cinturón de seguridad, al igual que los ocupantes del carro; no ocasionar ruidos molestos; los niños menores de edad deben viajar en la parte de atrás y se deben cumplir las normas de seguridad de tránsito. Si se llegan a incumplir alguna de estas normas, las autoridades están en el derecho de realizar amonestaciones.
  •  El artículo 44 de la Constitución venezolana indica que ninguna persona puede ser arrestada o retenida a menos de que haya una orden judicial o que haya sido detenida en flagrancia, por lo que a pesar de no tener en regla los documentos mencionados en el párrafo anterior, el ciudadano no podrá ser llevado o amenazado de ir a un calabozo policial.
  • El artículo 6 de la Ley de Coordinación Ciudadana indica que los funcionarios que conformen una alcabala deberán estar uniformados, con sus cascos numerados, sus respectivas insignias, numeración, credenciales y con chalecos. Si el ciudadano retenido verifica que los efectivos incumplen estas normas, tiene la obligación de notificarlo ante los superiores.
  • Si se es víctima de una extorsión deberá notificar la irregularidad ante los organismos legales o administrativos, según el cuerpo que corresponda.

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Para el gobierno uruguayo, en Venezuela hay democracia

Distintos líderes del partido de gobierno uruguayo, Frente Amplio, han protegido, directa o indirectamente, al régimen que azota a Venezuela

La izquierda uruguaya tiene un problema con la democracia. Dado el prestigio que ella tiene por doquier, no puede atacarla directamente. Además, electoralmente es suicida. Por tanto, ha utilizado diversos mecanismos para debilitarla, siguiendo la consigna marxista de «revolución».
En las décadas de 1960 y 1970, un sector optó por la lucha armada mientras que el partido comunista y sus aliados –siguiendo las directrices de Moscú– defendían la «vía pacífica» o «democrática». Para estos últimos, la democracia no era un fin en sí misma sino tan solo un medio para alcanzar el poder y luego perpetuarse en él. Los países del este europeo constituían una muestra cabal de dicho mecanismo.
Se buscó vaciar de contenido a los términos «democracia», «libertad» y «derechos» para ir paulatinamente desnaturalizándolos. Se utilizó el concepto de «democracia liberal» en forma peyorativa porque, según esa postura, defendía a los derechos «burgueses» y a las libertades «formales». No se aceptaban la limitación del poder, ni el equilibrio y balanceo entre las tres ramas del Estado, ni los pesos y contrapesos que caracterizan al sistema republicano.Otro método ha sido seguir la doctrina de Antonio Gramsci. Es decir, infiltrarse y dominar las diferentes manifestaciones de la cultura, especialmente, los sistemas educativos. La meta era ser hegemónicos en la Universidad y centro de formación docente (ambos monopólicos en aquella época) porque es la forma más eficaz de «desparramar» su ideología al resto de la sociedad.
José Stagnaro Bonilla, en el artículo Dictadura, Izquierda y Democracia en Uruguay Transformación discursiva de la izquierda uruguaya pos dictadura, señala que «la base de todo el análisis e ideología de la izquierda revolucionaria (guerrillera o comunista) eran las dicotomías excluyentes, a partir de la que se calificaban países, procesos, individuos o fenómenos como revolucionarios o no revolucionarios». Los primeros eran los «buenos», los que perseguían el bien del «pueblo» mientras que los otros eran los «perversos», los insensibles ante el sufrimiento ajeno.
El paso por la dictadura militar (1973-1985) modificó las estrategias de los diversos sectores de la izquierda uruguaya. Sin embargo, su conducta posterior demuestra que no cambiaron tanto con respecto a las ideas que defendían ni tampoco sobre el objetivo final: suplantar a la democracia liberal republicana por ese esperpento denominado «democracia popular»: aquella en cuyo nombre se cometen las atrocidades más grandes.
El aprendizaje que la dictadura dejó a los tupamaros, es que la táctica comunista es más eficaz que la suya. Es decir, alcanzar el poder mediante el voto popular para luego ir desvirtuando al sistema republicano. Es lo que han venido haciendo desde que José Mujica fue presidente en 2010. En apariencia, Uruguay sigue siendo una democracia «plena» (The Economist dixit) pero los observadores atentos sabemos que paulatinamente va quedando solo el cascarón.
Y, si bien es cierto que hay ciertos grupos dentro de la izquierda que son republicanos, también lo es que no defienden con resolución su posición. Entonces, ¿serán tan democráticos? ¿O en su escala de valores el atornillarse al poder con sus privilegios está muy por encima de sus principios?
El resultado es que la izquierda radical dirige la política interior y exterior en Uruguay y los «moderados» los dejan hacer.
Estudios de opinión realizados entre dirigentes izquierdistas cuando el Frente Amplio (FA) estaba cercano a ganar las elecciones, demostraron que la «viejas» ideas todavía teñían muchas de sus concepciones «modernas». Por ejemplo, de que quien gobernara podía hacer lo que quisiera.
Siendo presidentes, tanto Tabaré Vázquez como Mujica han expresado poco agrado hacia la limitación de su poder. Ambos han ahogado económicamente al poder judicial y órganos de contralor, lo cual demuestra que tanto conceptualmente como en la práctica, los gobernantes izquierdistas tienen dificultad para comprender y aceptar que los poderes del Estado deben ser independientes porque de lo contrario, estamos bajo una tiranía.

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Uruguay: candidata a vicepresidente oficialista silenció denuncias contra Maduro

Hasta el anuncio oficial por parte del socialista Daniel Martínez que la presentó como su compañera de fórmula, Graciela Villar era una completa desconocida

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Por Cristián Correa Crego
El pasado 30 de junio se desarrollaron en Uruguay las elecciones primarias, instancia previa a las elecciones presidenciales del mes de octubre. Esta primera etapa del ciclo electoral definió un candidato único a la presidencia por cada partido político, y por consiguiente comenzaron a concretarse las respectivas candidaturas a la vicepresidencia.
A partir de estas definiciones, se suscitó una gran polémica por la persona elegida para complementar al candidato presidencial de la coalición de izquierda (Frente Amplio) que gobierna Uruguay desde el año 2005. Dicha postulación tomó por sorpresa a gran parte del electorado, incluyendo a los propios votantes del Frente Amplio, e incluso a precandidatos, dirigentes, legisladores y ministros del partido de gobierno. Hasta el anuncio oficial por parte del socialista Daniel Martínez que la presentó como su compañera de fórmula, se trataba de una completa desconocida. Pero una vez que se supo su nombre, estallaron las consultas a Google para saber quién era Graciela Villar.
Rápidamente el archivo virtual nutrió a los internautas de algunos documentos periodísticos y audiovisuales, y la propia cuenta de Twitter de la protagonista arrojó datos reveladores sobre el perfil de quien ahora aspira a convertirse en vicepresidente. De su trayectoria política se supo que había sido legisladora local del gobierno de Montevideo, y no mucho más. Tal era el grado de desconocimiento de esta señora que Carolina Cosse, precandidata presidencial que quedó en segundo lugar detrás de Martínez, confesó en reiteradas entrevistas televisivas y radiales que había recurrido a Google para conocerla.
La primera escandalosa constatación sobre Graciela Villar está en YouTube, en una entrevista donde expresó que la vigencia constitucional de la propiedad privada como derecho fundamental es un concepto que corresponde a los gobiernos anteriores al Frente Amplio, y que se deberían buscar las herramientas para relativizar dicho derecho.
Teniendo en cuenta el perfil de la candidata a vicepresidente elegida, se trata de un guiño a los sectores más a la izquierda del Frente Amplio, a fin de reactivar la militancia más combativa luego del pésimo resultado electoral obtenido en las elecciones primarias (el partido de gobierno quedó segundo detrás del opositor Partido Nacional, y además perdió una cantidad considerable de votos en comparación a las elecciones primarias del año 2014).
Al poco tiempo se supo que en sintonía con su oposición a la plena vigencia de la propiedad privada, la candidata a vicepresidente es admiradora del dictador comunista Fidel Castro, según surge de un tweet que ella publicó el día del fallecimiento del cabecilla del régimen siniestro: «Mucha historia… y en ella quedarás para siempre. ¡Hasta siempre, Comandante Fidel!».
Indudablemente esta información ya era más que suficiente para sospechar que se trata de una fiel representante del totalitarismo colectivista que predomina en su coalición de izquierda. Pero estas revelaciones eran apenas un ápice del peligro que representa que alguien de sus características pueda acceder a un cargo de tan alta jerarquía. El hecho de más extrema gravedad que saldría a la luz días más tarde no era nuevo, pero en el momento en que fue denunciado por el reconocido periodista Claudio Paolillo (fallecido en 2018) en el Semanario Búsqueda, nadie imaginó que apenas dos años más tarde Graciela Villar pasaría del ámbito del gobierno local a un lugar de relevancia nacional.
En concreto, a mediados del año 2017, la comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo recibió a cuatro ciudadanos venezolanos exiliados en Uruguay, que además de plantear las dificultades que atravesaban en nuestro país, denunciaron las atrocidades de la dictadura chavista. Esta denuncia contra el régimen asesino molestó a los legisladores oficialistas y por orden de Graciela Villar se suprimió de la versión taquigráfica de la sesión la declaración de los venezolanos que incriminaba al dictador Nicolás Maduro. La complicidad del gobierno uruguayo y del Frente Amplio con el régimen criminal de Venezuela llegó al extremo de dejar de manifiesto una reacción autoritaria al intentar ocultar la realidad adulterando un documento del legislativo departamental. Los legisladores opositores denunciaron el intento de silenciar a los ciudadanos venezolanos, pero nunca imaginaron que esta siniestra parlamentaria local pudiera llegar a ser candidata a la vicepresidencia. En palabras del recordado periodista Claudio Paolillo, los parlamentarios del Frente Amplio «decidieron quemar los papeles para que no conste lo que los venezolanos fueron a decir sobre el compañero Maduro», y «pretendieron borrar de la memoria histórica ese hecho».
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Luego de este terrible antecedente de Graciela Villar, el hecho que pasaré a relatar luce de menor entidad, pero no deja de ser significativo teniendo en cuenta el pasado del Frente Amplio en esta materia. Resulta que al igual que ocurriera con el ex vicepresidente Raúl SendicGraciela Villar se arrogó un título profesional que no poseía, y luego se supo que siquiera había concluido cuarto año de enseñanza secundaria. Esto motivó que fuera denunciada penalmente por la presunta comisión de un delito de usurpación de título.
Sendic fue electo en 2014 junto al actual presidente Tabaré Vázquez y debió renunciar en 2016 por haber sido protagonista de la trama de corrupción en la petrolera estatal durante el gobierno del también chavista José Mujica, además de haberse descubierto que ostentaba un título universitario que no fue acreditado ni siquiera por los organismos educativos de la dictadura castrista (donde aseguraba haberse graduado como licenciado en Genética Humana).
En suma, el Frente Amplio parece reincidir en su pésima elección de candidatos a la vicepresidencia, postulando una vez más a alguien que es capaz de mentir descaradamente sobre su formación profesional. Pero esta vez se le suma el agravante de tratarse de una persona que no conforme con ser una enemiga confesa de la propiedad privada y admirar la tiranía castrista, evidencia sus oscuras intenciones ya que no le tembló el pulso para ordenar desaparecer de un documento oficial el testimonio de quienes denunciaban al dictador amigo del Frente Amplio. Es realmente alarmante que individuos que huyen de la miseria siendo víctimas de un régimen socialista, y eligen Uruguay porque comparativamente aún encuentran más libertad y oportunidades que en su país de origen, sean víctimas nuevamente a manos de los cómplices uruguayos del sanguinario chavismo.
Es por ello que Uruguay enfrentará un cruce de caminos en este año electoral: o bien se despide del ciclo frenteamplista y se desprende de la complicidad con las dictaduras asesinas de la región, o se avecinarán tiempos oscuros, teniendo en cuenta lo que implicaría el ascenso al poder de las posturas más radicales hacia la izquierda que representan personajes como Graciela Villar. Por  último, cabe recordar que el candidato del oficialismo, Daniel Martínez, se negó a calificar al régimen de Maduro como dictadura, por tanto ambos integrantes de la fórmula presidencial son funcionales al chavismo.

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