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  • Morir de Desnutrición y Paludismo

    Morir de Desnutrición y Paludismo

    Morir de Desnutrición y Paludismo del Libro Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo I del periodista Eladio Rodulfo Gonzalez

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    Salvador Franco prisionero político muerto en manos de la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela

    El 3 de enero de 2021 falleció en la cárcel El Rodeo II, sita en el Estado Miranda, el prisionero político de la narcodictadura Salvador Franco, uno de los 13 indígenas de la etnia pemón que fueron detenidos en 2019 acusados de asaltar un destacamento militar en el Estado Bolívar.

    El Foro Penal denunció en varias ocasiones que los detenidos se encuentran en graves condiciones en el centro penitenciario Rodeo II, en Miranda. Allí han tenido síntomas de covid-19 y problemas estomacales.

    El hecho de confinar a Franco y sus compañeros de desventura en una cárcel muy distantes de sus lugares de residencia, además de violar el Código Penitenciario, constituye una violación de los derechos humanos, por cuanto imposibilita la visita de familiares y amistades, máxime tratándose de indígenas

    La referida fuente aseguró también que la muerte de Franco se produjo por negligencia estatal.

    La mal llamada justicia le había imputado los cargos de conspiración en la forma política, terrorismo, sustracción de arma de fuego o municiones en resguardo, asociación para delinquir, uso de adolescentes para delinquir, porte ilícito de arma de fuego y aprovechamiento de la cosa proveniente del delito, por los cuales no se le realizó un proceso con todas las garantías y en el marco de los derechos humanos.

    Foro Penal, en la voz de su director Gonzalo Himiob, señaló, además:

    Desde que Franco fue apresado se informó sobre sus problemas de salud y por ello un juez había ordenado que se trasladara a un hospital. Dicha orden fue ignorada. Franco había sido diagnosticado con anemia y bajo conteo de plaquetas.

    Por otro lado, en los días cercanos a su muerte el detenido presentó síntomas relacionados con la covid-19 y de otras enfermedades relacionadas con problemas de salubridad en el centro penitenciario.

    El informe entregado después de su muerte – señaló Himiob– afirma que murió por tuberculosis y desnutrición. Murió sin que se le permitiera asistencia legal por su condición de enfermedad. Por eso lo declaramos un crimen de la dictadura de Maduro.

    En su cuenta oficial en Twitter el director de la ONG Foro Penal escribió:

    “Según Certificado de Defunción emitido después de la autopsia, Salvador Franco murió a causa de edema cerebral, shock séptico y otras reacciones producto de la tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica”.

    Este nuevo crimen de la narcodictadura contra un miembro de la población originaria del país levantó otras voces de repudio y condena.

    En efecto, el presidente interino de la República, Juan Guaidó, sentenció: “Esto es un asesinato de la dictadura”.

    Alfredo Romero, de Foro Penal: aseveró: “Lo dejaron morir ya que nunca fue traslado a un centro de salud, teniendo orden judicial desde el 27 de noviembre… Jamás fue acatada dicha orden”. También recordó que “desde hace meses tanto Foro Penal como familiares han denunciado la situación de 13 indígenas pemones. Presos políticos. Particularmente insistimos en urgente y grave condición de salud de Salvador Franco quien hoy fallece por falta de atención médica”.

    Stefanía Migliorini, también de Foro Penal, señaló al respecto: “Hay un familiar que fue a visitarlos y tenían como 12 días que no les llegaba agua”

    Agregó que el 30 de octubre advirtió que “en el recinto hay ratas, cucarachas y de comida solo les dan arroz con grano”.

    También la Organización de Estados Americanos, en la voz de su secretario general Luis Almagro, repudió ese crimen en su cuenta en Twitter: “Condenamos la muerte por tortura del preso político venezolano de la etnia pemón Salvador Franco. Otro crimen de la dictadura en Venezuela. Nuestras condolencias a sus familias y allegados”, dijo, según reseñó el portal TODOSAHORA.COM. el cual añadió; “Asimismo, resaltó que según un informe médico realizado semanas atrás, el indígena mostraba deterioro en su estado de salud. Franco, se encontraba con un diagnóstico de anemia, bajo conteo de plaquetas y síntomas de COVID-19. Además, enfermedades gastrointestinales, según lo reseño también el Foro Penal, quien llevaba una campaña para exigir su liberación.

    El repudio de Amnistía Internacional se expresó en Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, quien señaló vía Twitter que el régimen de Maduro negó trasladarlo a un centro de salud.

    -Salvador Franco, -expresó- indígena pemón detenido arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, falleció después de que el gobierno de Nicolás Maduro negara traslado a un centro de salud, según orden del tribunal, para recibir atención médica urgente que requería”.

    En junio, Amnistía Internacional exigió las garantías de un debido proceso, porque “Estarían siendo procesados penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo. Esto sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas”, dijo la organización.

    Según publicó Héctor Rodríguez Cárdenas el 23 de octubre de 2020 en Cotejo.info, 130 presos murieron por tuberculosis y desnutrición en Venezuela durante 2020.

    Venezuela, -explicó- con menos cantidad de privados de libertad, es el único país de Suramérica que registra presos muertos por hambre y enfermedades erradicadas hace una decena de años

    La falta de atención médica adecuada y oportuna, el hacinamiento y la inoperancia del Ministerio para Asuntos Penitenciarios es el patrón que atenta contra los reos.

    Y añadió:

    Desde 2019 las grandes prisiones y los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela están sumergidos en dificultades sanitarias que afectan mortalmente a los privados de libertad, pero en 2020 esa crisis se ha hecho más cruenta hasta el punto de que en la historia carcelaria de países como Colombia, Perú, o Paraguay no hay un registro de tantas muertes de presos por enfermedades médicamente tratables.

    Hasta agosto de 2020 dos organizaciones no gubernamentales que tienen como misión monitorear los derechos humanos de los reclusos, contabilizaban 130 reclusos fallecidos en las cárceles y CDP del país a causa de enfermedades curables. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) suma 60 muertes en centros penitenciarios, desde enero hasta agosto, mientras que Una Ventana a la Libertad (UVL) -en ese mismo lapso- tenía precisados 70 prisioneros que murieron enfermos en al menos 273 calabozos policiales de los 19 estados que investigan.

    Luego indicó:

    Estas ONG en sus diferentes informes semestrales de 2020 (desde enero hasta junio) han detallado que la tuberculosis, la insuficiencia respiratoria, los casos de grave desnutrición e infartos intestinales son las enfermedades que han generado la mayor cantidad de muertes. Esta realidad desnuda un patrón de violación de derechos humanos por parte del Estado venezolano vinculado a la garantía de servicios básicos como agua potable, la alimentación y la atención médica adecuada y oportuna.

    En su informe anual de 2019, el OVP logró confirmar que las muertes de reos por salud fueron más en comparación con las riñas intracarcelarias, motines u otro hecho violento dentro de las cárceles y la tendencia en los primeros seis meses de 2020 no ha cambiado, porque ya suman 48 privados de libertad fallecidos por salud del total que contabilizan que son 119.

    El estudio del año pasado indica que 66 presos fallecieron porque estaban enfermos; en 2018 fueron 40 y en 2017 registraron 28, lo que evidencia una curva ascendente en el renglón de las causas de muerte por salud en el país.

    El 26 de septiembre de 2020 la periodista Luna Perdomo, de TalCual, escribió:

    El informe del Observatorio Venezolano de Prisiones del año 2019, presentado el pasado mes de julio, reveló que el aumento de muertes en presos por temas de salud había aumentado. A pesar de que no se ha dado a conocer una investigación de las circunstancias de este año, se puede afirmar que durante los seis meses de cuarentena por el coronavirus la situación en las cárceles empeoró.

    “Las muertes por desnutrición y tuberculosis han tenido un repunte muy alto durante los meses de cuarentena. Los hechos violentos han bajado, pero las muertes por estas dos causas son importantes”, asevera Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

    Después indicó:

    En este mismo sentido, el coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, no cree que la pandemia haya causado mayores estragos en los recintos penitenciarios porque, a su juicio, “la situación en las cárceles venezolanas siempre ha estado muy mal”; aunque admite que con la pandemia “la situación es más grave”. Explica que, aunque en las cárceles ya existía hacinamiento, retardo procesal, tuberculosis, escabiosis, hepatitis, HIV y otras enfermedades, “las muertes se incrementaron”.

    En el siguiente párrafo precisó:

    Fénix (Lara) y Tocuyito (Carabobo) son penales donde las muertes por desnutrición y tuberculosis son alarmantes”, sostiene Girón y lo confirma Nieto. Asimismo, la representante del OVP dice que cree que “ya se superó la cifra total de muertos del año pasado” y solo con los datos que se manejaban hasta junio.

    Después apuntó:

    En el mes de julio hubo un repunte de muertes entre los presos por las malas condiciones de salud. “Hubo un momento que era un fallecido diario y no había respuesta oficial”, asegura la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones. Igualmente, Girón explica que esta lamentable situación creó más tensiones dentro de los recintos carcelarios, lo que llevó al Estado a permitir el ingreso de comidas, medicinas, artículos de limpieza y afines.

    Durante la cuarentena por la pandemia, las preocupaciones de las madres y familiares aumentaron, principalmente porque se enteraron del fallecimiento de su ser querido por terceros y no por confirmación de las autoridades competentes.

    La periodista citó además casos conocidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones.

    El OVP –reveló- lleva el caso de una mujer en Carabobo a la que se le murió su hijo en Tocuyito y el cadáver está desaparecido. Otro caso es el del Johel Castro, de 26 años, quien llevaba siete años preso en la cárcel 26 de Julio, sin juicio: a la familia se le avisó el 30 de agosto que estaba muy enfermo -pesaba 26 kilos, vomitaba sangre y no podía caminar-. Los familiares fueron hasta el penal el 1 de septiembre y los funcionarios del centro aseguraron que Castro estaba bien de salud; sin embargo, el 5 de ese mismo mes otros reclusos les confirmaron la muerte a los familiares por presunta tuberculosis. “Mi familiar murió de mengua”, asevera un pariente.

    En otra parte del reportaje registró:

    Es un desastre porque no se sabe las personas que han muerto ni las que están ingresadas en los penales. Eso es inseguridad para todos”, detalla Girón mientras describe el otro caso en la cárcel de El Dorado, Estado Bolívar, donde dejaron cuatro cuerpos debajo de un árbol y cuando llegó el capellán tuvo que buscar fosas para enterrarlos de manera digna.

    Para Carolina Girón, lo que ocurre dentro de las cárceles “es dantesco, cada día es peor”. A su juicio, hay indolencia e irrespeto.

    Luego señaló al final:

    El Observatorio Venezolano de Prisiones informó este viernes que en 2019 las principales causas de muerte en las cárceles de Venezuela fueron la desnutrición y la tuberculosis.

    Un total de 104 privados de libertad murieron bajo la responsabilidad del Estado durante el 2019, de los cuales 66 de ellos perdieron la vida por condiciones de salud. La desnutrición y tuberculosis fueron la causa de muerte de 63,46% de las víctimas”, señaló el OVP.

    Se conoció, además, que hubo un aumento progresivo de enfermedades crónicas, bacterias estomacales y paludismo, entre otras.

    Carolina Girón, directora del OVP, explicó que a diferencia de años anteriores la violencia no fue la principal causante de fallecimientos en las prisiones.

    Morir en el Socialismo del Siglo XXI I de Rodulfo Gonzalez

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  • Venezuela: $11 es el Salario de un Profesor Universitario

    $11 es el Salario más alto de un Profesor Universitario en Venezuela por Noticias de Nueva Esparta $11 es el Salario más alto de un Profesor Universitario en Venezuela por Noticias de Nueva Esparta

    $11 es el Salario más alto de un Profesor Universitario en Venezuela por Noticias de Nueva Esparta

    En 20 años el docente de mayor jerarquía tuvo una pérdida salarial de 2.444,98 dólares, según la Encuesta del Observatorio de Universidades sobre las Condiciones de Vida de la Población Universitaria en Venezuela. Ir a: noticiasdenuevaesparta.com

    7 de cada 10 docentes dedica parte de su tiempo a otra actividad laboral

    7 de cada 10 docentes dedica parte de su tiempo a otra actividad laboral

    En el año 2001 un profesor titular podía ganar hasta 2.456,12 dólares. 20 años después, y con esa misma jerarquía, lo máximo a lo que puede aspirar son 11,14 dólares. Para un profesor agregado la situación es mucho peor: a tiempo completo podría devengar un sueldo de 5,65 dólares.

    La Encuesta del Observatorio de Universidades sobre las Condiciones de Vida de la Población Universitaria en Venezuela (Enobu 2021) ofrece un panorama general sobre el sector universitario, muy golpeado por las carencias económicas y la crisis humanitaria, lo que se suma a la indiferencia histórica del chavismo hacia la educación.

    Dividida en seis asuntos, un dato que sintetiza la situación del sector está en el ítem de la economía: en 20 años el docente de mayor jerarquía tuvo una pérdida salarial de 2.444,98 dólares. “La precarización y descomposición del salario en el sector de educación superior llevó a la renuncia y migración masiva de los académicos, así como la necesidad de realizar otro trabajo”, destaca el informe.

    Para este año, 7 de cada 10 docentes dedica parte de su tiempo a otra actividad laboral

    79% lo hace de manera independiente. A pesar de eso, el ingreso familiar mensual de los docentes no cubre lo necesario para garantizar al menos una alimentación adecuada: 3 de cada 10 familias tienen un ingreso de entre 1 y 10 dólares.

    “Solo 5% de las familias de los docentes universitarios del país superan los 325 dólares mensuales, lo que sería suficiente para cubrir la canasta alimentaria que, según el Cendas, ubicaba en el mes de junio de 2021 en 220,27 dólares”, dice la encuesta, que compara lo que ganan los profesores universitarios venezolanos con otros países. En Brasil el promedio es de 889 dólares a 4.082, en Argentina de 512 a 2.092, en Chile de 530 a 7.127, en Ecuador de 2.200 a 4.700 y en Perú de 520 a 1.958. Incluso en Haití los profesores ganan más: de 650 a 1.408 dólares.

    Esto se traduce en que los profesores tengan tantas limitaciones para adquirir productos básicos como medicinas o alimentos. Según la encuesta, a 93% de los docentes se les dificulta adquirir medicinas y, de ellos, 19% nunca las consigue y 73% a veces.

    “Cuando necesitan ser atendidos en un establecimiento de salud, los profesores universitarios recurren en casi igual medida tanto a los centros públicos (21%) como a los privados (26%). La poca capacidad de respuesta de los establecimientos sanitarios se debe, por una parte, a su deteriorada oferta (en el caso de lo público) y por los costos inaccesibles para los académicos (en el caso de los privados)”, indica el estudio.

    Es también grave la situación cuando la encuesta habla de seguridad alimentaria, pues concluyó que 33% de los profesores hace menos de tres comidas al día. La región Nororiental aparece en este aspecto como una de las más afectadas: casi la mitad de los profesores, 48%, ingiere menos de la cantidad mínima de raciones alimenticias.

    La Enobu explica que otro punto que puede reflejar las precarias condiciones de los profesores son las estrategias empleadas para poder alimentarse. Por ejemplo, 29% de los profesores, desde hace 12 meses, tiene que reducir siempre sus porciones de comida. Mientras que 57% dijo que debe hacerlo a veces. “Para la población estudiantil es también cotidiana la reducción de porciones, 11% lo hace siempre y 59% a veces. Esta práctica es más frecuente en docentes que pertenecen a instituciones públicas (89%), mientras que en instituciones privadas se realiza en 72%”.

    Entre sus conclusiones la Enobu destaca que la situación humanitaria ha “transversalizado” al sector, así que los funcionamientos básicos (salud, alimentación) y los complejos (participación y libertad para la toma de decisiones con autonomía) han sido vulnerados. Es una situación que convierte a los académicos en “una población privada de las capacidades individuales y colectivas necesarias para vivir una vida digna en cumplimiento con sus derechos y valoraciones”.

    Fuente: Diario El Nacional



    Noticias de Nueva Esparta y Venezuela

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  • Some 1900 Colombian guerrillas operating from Venezuela, says Colombia military chief

    About 1,900 fighters belonging to Colombian rebel and #crimegroups are operating from Venezuela, where they plan attacks and participate in drug trafficking, the commander of Colombia’s armed forces said. Go: noticiasdenuevaesparta.com

    The Colombian government has long said Venezuela’s leadership grants safe harbor to Colombian #armedgroups, allowing trafficking of #cocaine in exchange for a cut of the profits. But it is the first time the military has given a figure for the number it believes are operating from the neighboring country.

    Venezuelan President #NicolasMaduro has denied that #Venezuela has provided safe harbor for drug traffickers. But he has expressed sympathy for rebels’ leftist ideology and openly welcomed some guerrilla leaders. Around half of the 2,350 known combatants from the National Liberation Army ( #ELN) rebel group are in Venezuela, along with about a third of the 2,400 fighters who belong to dissident groups of former #FARC guerrillas who reject a 2016 peace deal, General Luis Fernando Navarro told Reuters late on Wednesday.

    “In total in the (Venezuelan) states of Zulia, Tachira, Apure and Amazonas, we calculate there could be between 1,100 and 1,200 criminals from the ELN and some 700 from the FARC dissidents,” Navarro said. “It’s a factor of instability that the strategic rearguard of these structures is in Venezuelan border states. This obviously makes it difficult to combat them,” said Navarro, accusing the Venezuelan armed forces of not pursuing the groups.

    The Venezuelan government did not immediately respond to a request for comment for this story

    Colombia’s internal conflict has stretched for nearly 60 years and led to more than 260,000 deaths. Though the demobilization of some 13,000 members of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) under the 2016 accord lead to a reduction in violence, some areas have seen renewed fighting as dissidents, the ELN and crime gangs descended from right-wing paramilitaries battle for territory.

    The violence often crosses the border. In Venezuela’s northwestern Zulia state, a local government and a major employer were paying villagers including children to staff narcotics operations, extortion rackets and illegal gold mines, a Reuters report found earlier this year. Source Reuters



    Noticias de Nueva Esparta y Venezuela

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    • Morir en el Socialismo del Siglo XXI II de Rodulfo Gonzalez
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