Allanamientos a laboratorios de municiones, armas de guerra en un aeropuerto internacional, padres que trafican armas con presencia de sus hijas, prácticas armadas en escuelas, ataques con granadas a policías y funcionarios que hurtan para vender fusiles . A cinco años de la promulgación de la Ley Desarme, las armas continúan en las calles de Venezuela.
El desarme fue bandera política de Hugo Chávez. Desde 2011, el fallecido presidente de Venezuela comenzó a impulsar una ley que inició con la Comisión para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Estuvo conformada por 20 personas. Había representantes de entes gubernamentales, poderes públicos, académicos y organizaciones no gubernamentales.
Su objetivo fue crear la ley con la que se daría un marco normativo a la tenencia de armas en el país. Era un paso mayor a la regulación que emanó el Ejecutivo en 2002. Finalmente, en 2014 se promulgó la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
“El mercado ilegal se nutre del tráfico, de las armas legales que son robadas y pasan a integrar el mercado ilegal, y de la corrupción. Armas de órganos de seguridad del Estado, armas para proteger a la población mal utilizadas”, adelantó en 2011, Pablo Fernández, secretario técnico de la comisión, a la agencia BBC.
La comisión detectó a simple vista uno de los problemas de la proliferación de armas: las mafias policiales. En esa entrevista también expuso otra debilidad: el marcaje de municiones.
Estas dos fallas en la política de control de armas en 2011 siguen vigentes hoy, en 2019. Se le suman otras cuatro: supremacía militar en seguridad ciudadana, anuencia a los portes de armas, olvido de los “espacios libres” de armas y debilidad policial hacia las mafias.

Control militar en el mundo civil

Efecto Cocuyo consultó a dos especialistas en seguridad ciudadana: Antonio González Plessmann y Ernesto Herrera. El primero es sociólogo miembro del Colectivo de Derechos Humanos Surgentes. El segundo es economista con master en Ciencias del Crimen, y ha trabajado con Amnistía Internacional (Venezuela).
Ambos coinciden en que a la institución militar se le asignó una autoridad en el control de armas y municiones por encima del Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz. Este último ente es el responsable de las políticas públicas para la seguridad ciudadana.
“Tienes dos objetivos contrarios. El Ministerio de Relaciones Interiores quiere bajar la inseguridad delictiva y para ello es necesario el control de armas. El Ministerio de Defensa quiere fortalecer la seguridad nacional, la defensa de factores violentos externos e internos. Su visión entonces es tener un gran arsenal”, expuso Herrera.
¿Cómo se trabaja esta dualidad en la Ley? El documento legal establece la cooperación de ambas instituciones; pero otorga poder al Ministerio de la Defensa sobre la producción de municiones, importación de armas y dotación de portes de armas.
“No se planteó una rectoría compartida ni espacios de coordinación, con lo cual la ejecución de la Ley entra en las lógicas de opacidad que caracterizan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). La vital dimensión de seguridad ciudadana queda subsumida en la visión de seguridad estratégica del mundo militar”, agrega González Plessman.

¿Y el marcaje de municiones?

“De las armas incautadas casi el 80% tienen municiones de Cavim. Son municiones hechas en el país, vendidas por una compañía militar pública: ¿Dónde se desvían? Hay que responder la pregunta y regular las municiones con el marcaje”. Esta era la aspiración de la Comisión que Fernández le planteó a la BBC.
Hasta febrero de 2019 la promesa reiterada por Néstor Reverol, ministro para Relaciones Interiores, no se ha cumplido. No se ha informado. En noviembre de 2017 se dijo que había una máquina láser disponible para esta misión. González Plessman, investigador en el área, asegura que se desconoce si se inició el proceso.
El sociólogo realizó una investigación en 2017 para la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Descubrió que solo el 5,6% de las armas legalmente ingresadas al país tiene registro balístico. Información que mantiene la Dirección General de Armas y Explosivos (Daex), con poca posibilidad de acceso.
El Sistema Integrado de Identificación Balística Civil (Ibis-Civil) tiene un porcentaje pequeño de toda esa información, según González Plessman. “El Ibis es la base de datos que permite relacionar municiones, armas y personas. Sin su existencia, el trabajo de control e investigación penal se ve radicalmente obstaculizado. En otras palabras, puedes conseguir una munición en un homicidio, con la marca del arma de la cual provino -que eventualmente es un arma legalizada- y, sin embargo, no tienes una base de datos que te lleve a su propietario”, afirmó.

Parques de armas vulnerables

La falta de supervisión de los parques de armas es una falla que mantiene la política de armas. Esta incluye el control de ingreso y egreso de armamento legal para los policías y militares. Pasa también por el conteo de las armas incautadas en un procedimiento.
La hipótesis para Herrera y González es la misma que en 2011 arrojó Fernández, el secretario de la Comisión para el Desarme. Los policías y militares extraen de sus parques de armas las piezas para venderlas en el mercado ilegal.
“Además del oscurantismo de la producción de balas hay una falta de control a los funcionarios. Estos revenden las balas o hay robos directos a los polvorines de las dependencias”, dijo Hererra.
En agosto de 2017, Efecto Cocuyo hizo una revisión hemerográfica del robo o hurto de armamento a las fuerzas de seguridad el Estado. Desde 2014 (a esa fecha) al menos 15 veces  ocurrió esta incidencia. Entre las más afectadas se encuentran cuarteles del Ejército, puntos de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y policías regionales o municipales.
Recientemente, el 4 de febrero, un sargento mayor de tercera de la GNB fue detenido en Santa Bárbara de Barinas. Llevaba en un vehículo siete FAL y un fusil con mira telescópica. En el carro donde se trasladaba también llevaba a su esposa y dos hijas menores de edad.

Civiles armados, legalmente

Pese al análisis de la Comisión Desarme sobre el beneficio de eliminar los portes de armas para civiles, la Ley omitió esta recomendación. Se suspendió la emisión de nuevos portes, sí. Se prohibió por un tiempo la posibilidad de estar en la calle con armas, aún si se tuviese el porte. Pero, todas estas medidas fueron temporales.
Para González Plessman este es el principal problema de la política de desarme venezolana. Explicó que reducir el número de armas en el mercado (legal e ilegal) pasa por eliminar los permisos y la comercialización. Cree que solo se debe permitir su uso por integrantes de cuerpos de seguridad, empresas de seguridad y tiradores deportivos. “Ese no fue el camino adoptado por los legisla­dores, aunque una de sus disposiciones transitorias (ya vencida) era la prohibición por dos años”, dijo.

¿Y los espacios libres de armas?

El 9 de febrero se hizo viral un video en el que un grupo de hombres golpean a otro. Era un espacio cerrado. La denuncia iba por la línea de la violencia generada en un evento de vallenato en el estado Zulia. En la trifulca, al menos dos hombres hacen un ademán de querer sacar un arma de su pantalón. Uno de ellos lo hace y la vuelve a guardar.
La Ley Desarme en su artículo 26 prohíbe el uso de armas en espacios para espectáculos públicos. Sin embargo, no hubo ninguna detención para los hombres armados del video. Tampoco la hubo para los civiles que hicieron una práctica armada en una escuela del estado Apure. Ellos también violaban el mismo artículo, que incluye las entidades educativas y de salud en las zonas “libres” de armas.